La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó el cronograma de fiscalizaciones respecto al cumplimiento de las normas de facturación y de la obligatoriedad de aceptar tarjetas de débito como forma de pago, tal como lo dispone el Capítulo II de la Ley 27253.

El objetivo del ente recaudador es que se efectúen a través de los medios electrónicos la mayor parte de las transacciones posibles, y es a razón de ello que han avanzado durante los últimos meses en esta línea, sea desde la reglamentación de la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal; la norma establecida para los monotributistas a pagar sus obligaciones tributarias, que se suma a la exigencia de pagar todos los impuestos sin el uso de efectivo.

Ahora la AFIP, y a través de una nueva resolución que regula la Ley 27.253, estableció el reintegro del 15 % del IVA para sectores de bajos ingresos, como jubilados, pensionados hasta dos niveles mínimos y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, por compras  realizadas en comercios minoristas, hasta $ 2.000.

A partir del 1 de julio de 2017 todos los comercios, restaurantes y hoteles deberán aceptar todos los medios de pago. Si bien esta medida ya era obligatoria, no se estaba cumpliendo. CAME por su parte, y en representación del sector, consiguió que la norma sea aplicada en forma gradual.

Por otra parte y de acuerdo a la información brindada por la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana empresa “se acordó que el calendario de implementación fije que las inspecciones sean progresivas por sector económico y monto de facturación anual de 2015 y, asimismo, se celebró un convenio con los proveedores del dispositivo que permitirá que el alquiler de los Posnet para cobrar con tarjeta de débito sean gratuitos para monotributistas, quienes no tendrán costo por el alquiler por 2 años. Por Régimen general, tendrán bonificaciones que irán desde el 50 % hasta 6 meses, según el proveedor del servicio.

En la actualidad, hay 500 mil contribuyentes que tienen un POS para facturar sus operaciones, y la meta de la entidad es que se agreguen en este año 200 mil más, a razón de lo cual han establecido que todo aquel que no cumpla con el cronograma de adhesión obligatoria tendrán que afrontar  multas de $ 300 a $ 30.000 y en caso de hechos graves y reincidencia el establecimiento contará además con una clausura entre 3 y 10 días.

CAME informó además que la medida se extenderá, también en un plazo de tres meses, por etapa, según la escala precedente de ingresos a los profesionales de la salud, cultura, deportes y del entretenimiento, desde julio hasta septiembre próximo, mientras que el resto de las actividades deberán incorporarse entre octubre y diciembre próximo.

 

ACCEDA A LA RESOLUCIÓN COMPLETA AQUI